San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, integridad y seguridad de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) que defienden la vida y territorio en diversas regiones de Chiapas.
El organismo indicó que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente la autonomía y libre determinación, enfrentan un hostigamiento constante que afecta profundamente su vida comunitaria, procesos organizativos y economía.
Entre los afectados se encuentran 39 locatarios del mercado tradicional Belisario Domínguez en el municipio de Ocosingo; la comunidad de San Francisco en Teopisca; cinco familias desplazadas del ejido Jotolá en Chilón; y habitantes de la localidad Agua Clara en Salto de Agua.
En el caso del mercado Belisario Domínguez, integrantes de la mesa directiva de la coalición de locatarios han perpetrado despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir ingresos, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica contra miembros del CNI.
La comunidad San Francisco ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio por la construcción de la carretera Teopisca-San Cristóbal, proyecto que afectaría a 14 comunidades cuyos montañas guardan sitios sagrados, manantiales y fauna. Frayba señaló que la obra no cuenta con consentimiento de las comunidades ni se ha realizado consulta libre, previa e informada conforme al Convenio 169 de la OIT.
En el ejido Jotolá se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias, expulsadas mediante un operativo donde participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales. Destruyeron cinco viviendas, detuvieron a dos personas y una mujer fue víctima de tortura. Las familias enfrentan un proceso de criminalización por allegedezionato presunto delito de despojo agravado.
En Agua Clara, Salto de Agua, habitantes han reportado incremento de amenazas y hostigamiento vinculados a la disputa por tierras que trabajan desde hace más de 10 años. Reportaron agresiones contra sus animales y nuevas presiones por la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.
Frayba exigió al Estado mexicano el cese inmediato de amenazas, hostigamiento y cualquier intento de desalojo, así como garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de estas comunidades para que vivan con dignidad, seguridad y tranquilidad en sus territorios.